Qué es lo que se juega en Cataluña?

En Cataluña no se juega hoy el derbi... se juega el concierto económico, nada menos que 11143 millones de € que aportan a las arcas del Estado por recaudación impositiva.

El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ha asegurado que no va a alterar el actual modelo de financiación autonómico, de modo que no se negociará un concierto económico para Catalunya a cambio del apoyo de CiU en el Congreso.

Y ahora pienso yo, como el resto de los españoles... ¿el Gobierno buscará apoyos en la representación de CiU en el Congreso para sacar adelante leyes, a cambio de una parte de esos 11143 millones? Estás reformas son costosas, son difíciles y que requieren el máximo político en la Cámara. Leyes como:

• Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.
• Proyecto de Ley por la que se prorroga el programa temporal por desempleo e inserción, regulado en la Ley 14/2009, de 11 de noviembre (procedente del Real Decreto-Ley 12/2010, de 20 de agosto)
• Proyecto de Ley de Economía Social.
• Proyecto de Ley de pesca sostenible
• Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo (procedente del Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio)
• Proyecto de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
• Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a ls Comunidades autónomas (un proyecto por cada autonomía.)

Y estas son sólo unas pocas...

Jáuregui ha destacado que, pese a esta voluntad, el Gobierno central "no está en absoluto abierto" a la posibilidad de negociar un concierto económico para Catalunya, puesto que en el último acuerdo de financiación con las comunidades se ha logrado un sistema "como jamás" lo ha tenido la autonomía catalana. "No vamos a alterar ese modelo, lo digo con toda claridad", ha remarcado.

Bueno, esas son las intenciones. Yo no voy a juzgar la conveniencia o no de desarrollar tal tipo de propuestas, pero de plantearse ahora este tipo conciertos igual había que plantearse otro modelo de Estado, lo que conllevaría a abrir una brecha, otra más, en la Constitución Española, y eso, en la situación actual sería un suicidio frente a los inversores internacionales.

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